Cómo funciona Dinero Público: metodología y límites

Dinero Público reúne en un solo sitio datos oficiales sobre el dinero de los ayuntamientos españoles: los contratos que adjudican, sus cuentas y su deuda, y lo que cobran sus alcaldes y concejales. Todo sale de fuentes públicas (la Plataforma de Contratación del Sector Público, registros autonómicos, portales municipales, el Ministerio de Hacienda, el Tribunal de Cuentas). No inventamos ni estimamos datos: si algo no está publicado, lo decimos. Esta página explica cómo calculamos el Índice de Transparencia y, sobre todo, qué no podemos ver.

Qué mide el Índice de Transparencia

El índice responde a una pregunta concreta: ¿cuánta información pública de este ayuntamiento hemos podido reunir, y de qué calidad es? Da una nota de 0 a 100 a cada municipio.

No mide si un ayuntamiento gestiona bien o mal, ni si gasta mucho o poco. Un municipio puede sacar buena nota y contratar mal, o al revés. Y no es una certificación de que cumpla la Ley 19/2013 de Transparencia: es una valoración propia, y Dinero Público no es un organismo acreditador.

Cómo se calcula

La nota es la media ponderada de nueve componentes. Cada uno vale de 0 a 100 y pesa lo siguiente:

Hay una regla que lo cambia todo: un dato que no tenemos no cuenta como cero. Si un componente no se puede calcular porque la fuente oficial no cubre ese municipio, o porque nosotros aún no la hemos conectado, queda fuera y su peso se reparte entre los demás. Solo puntúa cero lo que la fuente oficial sí cubre y el ayuntamiento no publica. Así no castigamos a nadie por un hueco nuestro. Para que la nota sea fiable exigimos al menos 4 componentes con datos; si no, el municipio aparece como «cobertura insuficiente».

Muestra pequeña. Con tres o cuatro contratos cualquier porcentaje sale extremo: cuatro de cuatro es un 100 %, y un solo contrato más o menos lo cambia todo. Por eso, si de un municipio tenemos menos de 20 contratos (formales y menores sumados), su nota se sigue calculando y se enseña en su ficha con la etiqueta «muestra pequeña», pero el municipio no entra en los rankings ni tiene puesto. Además, el porcentaje de contratos con adjudicatario identificado se suaviza hacia la media nacional: es como añadir a cada municipio 10 contratos «medios». Con cientos de contratos el efecto es inapreciable; con cuatro, la nota deja de ser un 100 automático.

Por qué pesan así

Contratos menores (20 %), el componente que más pesa. Son contratos pequeños que se adjudican sin concurso, y son justo lo que menos se publica de forma ordenada. Premiamos que se publiquen, que cubran varios años, que estén al día y que digan quién es el adjudicatario. Si no encontramos ningún contrato menor de un municipio en ninguna fuente, el componente queda fuera, no a cero: publicarlos en la Plataforma de Contratación no es obligatorio y muchos pueblos lo hacen en su web o en PDF.

Contratos formales: adjudicatario identificado (15 %) y actividad de publicación (15 %). Los contratos licitados se publican en plataformas que cubren a toda España por igual, así que son una buena vara de medir común. La actividad cuenta contratos por cada 1.000 habitantes y compara a cada municipio solo con los de su tamaño: un pueblo de 800 habitantes no compite con Madrid.

Solo cuentan los últimos cinco años. El índice se calcula con los contratos adjudicados en los últimos cinco años; los anteriores que ya teníamos guardados se siguen mostrando en la ficha, pero no puntúan. Hay un caso especial: si de un municipio no hemos localizado ningún contrato formal en esos cinco años pero sí contratos menores, la actividad no vale 0, sino un valor neutro de 50, la mitad de la escala. No le ponemos un 0 porque sí publica, y porque a veces el fallo es nuestro (contratos que la plataforma atribuye a un organismo y que todavía no hemos sabido asignar al ayuntamiento). Tampoco le quitamos el componente, porque eso lo colocaría por delante de municipios de los que sí conocemos los contratos formales. La ficha lo indica junto a la nota de actividad.

Cuentas anuales (10 %). Vale 100 si el ayuntamiento ha rendido su último ejercicio exigible por ley al Tribunal de Cuentas, 50 si va un año tarde y 0 si va dos o más.

Sueldos (10 %). 100 si el ayuntamiento publica lo que cobra cada concejal, con nombre e importe; 50 si solo consta el sueldo del alcalde (que publica el Ministerio); 0 si ni eso.

Directivo identificado (10 %). De las empresas que reciben contratos, en cuántas podemos ver quién las dirige según el Registro Mercantil. Depende en parte de nuestro propio cruce de datos, que avanza poco a poco. Los contratos del histórico añadido en octubre de 2026 cuya empresa todavía no hemos buscado en el BORME no cuentan, ni a favor ni en contra, hasta que la busquemos.

Deuda (7,5 %) y saldo presupuestario (7,5 %). Pesan poco porque casi todos los ayuntamientos los tienen publicados en el Ministerio de Hacienda: con más peso, las notas se amontonarían arriba sin distinguir a nadie.

Formato (5 %). Premia publicar los contratos menores en un formato que se pueda reutilizar (un fichero de datos mejor que un PDF escaneado). Pesa poco porque solo lo hemos revisado a mano en unos 70 municipios; en el resto queda fuera.

Cambios en el Índice

Octubre de 2026: histórico de contratos formales en toda España. Hasta ahora solo la Región de Murcia, Cataluña, el País Vasco y Navarra tenían cinco años de contratos formales; el resto de comunidades, solo los últimos meses. Hemos añadido el histórico desde septiembre de 2021 de la Plataforma de Contratación del Sector Público para todos los demás municipios (unos 250.000 contratos). Como la actividad compara a cada municipio con los de su tamaño en toda España, Murcia, Cataluña y el País Vasco bajan algunos puntos: no publican menos que antes, sino que ahora se les compara con municipios que por fin tienen sus datos completos.

Octubre de 2026: empates en la actividad. Dos municipios del mismo tamaño con la misma actividad reciben ahora la misma nota: la parte de municipios de su tamaño que publican menos. Antes, entre municipios empatados, sobre todo los que no tienen ningún contrato formal, la nota dependía del orden en que procesábamos las provincias, y algunos sumaban hasta 80 puntos sin publicar nada. Por eso bajan Castilla y León y Castilla-La Mancha, con muchos pueblos sin contratos formales.

Octubre de 2026: saldo presupuestario en País Vasco y Navarra. El fichero de Hacienda no cubre el régimen foral, así que en esas dos comunidades ese componente queda fuera en lugar de puntuar 0.

Qué no podemos ver

Contratos menores. No existe ninguna obligación de publicarlos en un registro central, y cada administración decide si los publica y cómo. Los reunimos de varias fuentes: el registro oficial de menores de la Plataforma de Contratación (desde 2021, pero con pocos datos hasta 2023), los registros de Cataluña y Euskadi y los portales propios de algunas ciudades. Aun así, en torno a la mitad de los municipios no tienen ningún contrato menor en ninguna fuente. Eso no significa que no contraten: significa que no los vemos.

Contratos menores, muy desiguales entre comunidades. Cataluña y el País Vasco tienen un registro autonómico que reúne los contratos menores de sus ayuntamientos. En Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Illes Balears, Cantabria y La Rioja no existe nada parecido, y casi todos los contratos menores que mostramos allí son los que cada ayuntamiento lleva por su cuenta al registro de la Plataforma de Contratación. Por eso esas comunidades aparecen con muchos menos contratos menores por habitante: no es que contraten menos, es que publican menos en un sitio donde podamos leerlos.

Navarra, Ceuta y Melilla, sin contratos menores. No hemos encontrado ninguna fuente que los publique de forma que podamos recogerlos, así que no mostramos ninguno. En Navarra enseñamos aparte las facturas trimestrales que publican algunos ayuntamientos, que no son contratos.

Ayuntamientos gallegos que publican en la plataforma de la Xunta. Algunos concellos publican sus licitaciones en Contratos de Galicia, la plataforma de la Xunta, y no en la estatal. Esos contratos todavía no los recogemos, así que esos concellos aparecen con menos contratos formales de los que tienen.

Solo los últimos cinco años. Mostramos contratos desde septiembre de 2021.

Contratos de organismos municipales. Los contratos se asignan a su municipio leyendo el nombre del órgano que los firma. Los patronatos, empresas municipales y distritos que no llevan «ayuntamiento» en el nombre (unos 80 contratos al mes) todavía se quedan sin asignar.

Sueldos de concejales. El Ministerio publica el sueldo de cada alcalde, pero el de los concejales solo como un total por ayuntamiento, sin nombres. Por eso solo mostramos sueldos individuales donde el propio ayuntamiento los publica con nombre.

Cuentas anuales. El Tribunal de Cuentas no las recoge para País Vasco y Navarra (tienen su propio sistema foral) ni para Ceuta y Melilla. Allí ese componente queda fuera.

Fondos europeos. En la mayoría de los registros de fondos de cohesión no consta el nombre del beneficiario, así que solo podemos atribuir una parte a cada municipio.

Qué importe mostramos

De cada contrato mostramos lo adjudicado, sin IVA. En la Plataforma de Contratación, una licitación puede dividirse en lotes y cada lote ir a una empresa distinta: mostramos una fila por empresa con la suma de sus lotes. Cuando lo adjudicado que publica la Plataforma no es utilizable (precios unitarios de unos céntimos en lugar del total, o acuerdos marco que repiten el importe completo en cada empresa) mostramos el presupuesto de licitación y lo indicamos debajo de la cifra.

Convocatorias abiertas

La sección Convocatorias abiertas reúne las licitaciones públicas con el plazo de presentación de ofertas abierto. Salen de la Plataforma de Contratación del Sector Público, el mismo origen que los contratos del Índice, y se actualizan varias veces al día. Que una licitación esté abierta lo decide la fecha fin de presentación, no el estado que publica la Plataforma: medimos que dos de cada tres licitaciones que la Plataforma sigue marcando «en plazo» ya lo tienen vencido. No incluimos los anuncios previos. Las comunidades con plataforma propia (Cataluña, País Vasco, Navarra y otras) publican allí buena parte de sus licitaciones, así que aquí solo aparecen las que también llevan a la Plataforma estatal. El enlace de cada licitación lleva a su ficha oficial: los plazos y requisitos que valen son los de allí.

Errores de origen

Las fuentes oficiales también se equivocan: hay contratos menores de 71 millones de euros, adjudicaciones a 0 € o fechas que en realidad son de publicación. Nunca corregimos ni ocultamos un dato oficial, porque no sabemos cuál sería la cifra buena. Lo mostramos tal cual, con un aviso visible, y lo contamos en Casos. El estado de cada fuente por comunidad está en el mapa de cobertura.

Si ves un error, cuéntalo en los comentarios de la ficha del municipio.